Stella Torcat /Diario Sol de Margarita
El número de denuncias por cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) recibidas por Indepabis alcanza en Margarita los 200 casos distribuidos en 35 empresas, informó ayer el coordinador regional del organismo, Luis López.
Agregó que hoy inspeccionarán las cinco constructoras e inmobiliarias con más denuncias referentes al tiempo de entrega y al cobro del IPC, entre las que se encuentran Las Marites, Inversiones Margarita y Doral Margarita TownHouses.
López informó que Indepabis, a través de la Ley de Defensa para las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, tiene la facultad de asistir a los neoespartanos en relación a sus quejas con las viviendas, en cumplimiento de los artículos 110, 111 y 112 de la mencionada reglamentación.
SALA SITUACIONAL
Los insulares desde ayer cuentan con la Sala Situacional, donde se canalizan casos relacionados con situaciones ilícitas de los inmobiliarios (cobro del IPC o ajustes por inflación).
Durante tres días, una comisión de la Sala Situacional Nacional, dirigida por Ramón Sivira, estará en Margarita para recibir las denuncias desde las ocho de la mañana y hasta la cuatro de la tarde, en la urbanización Jorge Coll (detrás del estadio de beisbol), municipio Maneiro. Los funcionarios promueven el “no cobro del IPC y el reintegro del dinero a las personas que pagaron”, cumpliendo con lo establecido en la Ley el 10 de junio de 2009.
Con respecto a las empresas que cobraron el IPC antes de la resolución, Sivira explicó que a pesar de que es una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, las compañías deben abstenerse de cobrarlo porque de lo contrario tienen que regresar el dinero.
Sivira y su equipo fueron los encargados de crear la Sala Situacional en la entidad, la cual también está establecida en Anzoátegui, Aragua y Carabobo. Posteriormente estarán en Lara, Zulia y Falcón. El funcionario estaba acompañado por María Liliana Garcilazo e Iramar Pereira, representantes del departamento de Conciliación y Arbitraje, mientras que por el de Sustentación asistió Ovi Chacón.
Como vocera de los afectados estaba Clara Piña, quien indicó que el documento de las inmobiliarias y contratistas “tiene que ser bien específico con la posible fecha de entrega de la obra”. Exhortó a los afectados a efectuar sus denuncias para proteger el derecho a la vivienda, pues considera que es “un negocio” por parte de las constructoras, las cuales irrespetan el contrato.
SANCIONES A EMPRESAS
El director nacional de la Sala Situacional, Ramón Sivira, comentó que la multa para las constructoras e inmobiliarias va desde 100 hasta 5.000 UT por cada denuncia que tengan por el cobro del IPC u otro ajuste por inflación. En la página de internet de El Universal del 15 de septiembre, además de las multas, señala el cierre de inmobiliarias y otras medidas judiciales.
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